El precio del placer · Parte 2 de 4

La cuenta

Cinco hombres antes de que quede el primer euro. Y un Estado que, por decoro, sube el alquiler.

Una serie de Mistress Alexa, Múnich · 7 min de lectura

En la parte 1 hablé del hombre que considera razonables 50 euros. Hoy toca hablar de la mujer que los recibe. Más concretamente: de cuánto de eso se queda ella.

La respuesta es desoladora. Y solo en parte tiene que ver con los hombres.

I.Las matemáticas de una jornada

Una habitación en un establecimiento de Múnich cuesta, según lo que me cuentan coincidiendo mis compañeras, unos 200 euros de media. Al día. Vengan clientes o no. Esté enferma o no. Tenga ganas o no.

Hagamos la cuenta con el precio que el hombre de la parte 1 considera justo: 50 euros.

  • El primer hombre paga una cuarta parte del alquiler.
  • El segundo, la mitad.
  • El tercero, tres cuartas partes.
  • El cuarto, el resto.
  • Publicidad, impuestos, preservativos, lubricante, ropa de cama, desinfectante, desplazamientos, asesoramientos obligatorios: eso, hasta aquí, no lo ha pagado nadie.

El quinto hombre es, según el día, el primero con el que ella gana algo.

Deja que esa frase haga efecto. Una mujer tiene que haber tenido intimidad con cuatro o cinco hombres desconocidos antes de que su jornada empiece siquiera a merecer la pena. Cada hombre a partir de ahí es su sueldo. Cada cancelación, cada martes tranquilo, cada gripe es una pérdida que carga ella sola.

En ningún otro sector se llamaría a esto «trabajo autónomo». Se llamaría servidumbre por deudas con tarifa diaria.

II.¿Qué dice de nosotros?

Vivimos en una sociedad que debate sobre los repartidores, sobre los mensajeros, sobre los temporeros de la cosecha, sobre salarios justos para los cultivadores de café de otros continentes. Y está bien que lo haga.

De la mujer del apartamento a tres calles, que necesita al cuarto hombre para pagar su alquiler, no hablamos. Como mucho hablamos de ella, en voz baja, con un chiste, encogiéndonos de hombros. Al fin y al cabo, lo eligió ella.

¿Lo eligió? Y si es así: ¿en qué condiciones?

III.El Estado como casero a su pesar

Ahora se pone incómodo, porque en esta cuenta no participa solo el cliente. El Estado también está sentado a la mesa.

En Alemania la prostitución es legal desde 2002 y ya no se considera un negocio contrario a las buenas costumbres. Lo dejó claro la Ley de Prostitución (Prostitutionsgesetz, ProstG). Al mismo tiempo, los estados federados pueden fijar por reglamento dónde puede ejercerse. La base jurídica es el artículo 297 de la Ley de Introducción al Código Penal alemán (Art. 297 EGStGB). Permite una prohibición «para la protección de la juventud o del decoro público».

Del decoro público. Esa expresión hay que leerla dos veces.

Múnich ha hecho un uso generoso de ella. Un Sperrbezirk —una zona en la que el trabajo sexual está prohibido— abarca la inmensa mayor parte del término municipal. El trabajo sexual está permitido esencialmente en zonas periféricas y polígonos industriales, en unas pocas casas autorizadas a estar justo allí. Quien infringe la zona prohibida comete una infracción administrativa (§ 120 OWiG, la Ley alemana de Infracciones Administrativas); quien lo hace de forma reiterada, un delito (§ 184f StGB, el Código Penal alemán).

¿Qué pasa cuando se concentra una actividad legal en unas pocas direcciones? Cualquier estudiante de primero de Economía lo sabe explicar: la oferta de locales se vuelve artificialmente escasa, la demanda se mantiene. Los alquileres suben. Y quien posee los locales tiene un poder de mercado que ningún mercado libre le habría dado jamás.

La mujer que podría trabajar por cuenta propia en su propio piso, segura, tranquila, en sus propias condiciones, no puede hacerlo en buena parte de la ciudad. Tiene que ir adonde está permitido. Y allí paga el precio que fija el casero.

Así, el decoro de la mayoría se convierte en fuente de ingresos para unos pocos caseros. Y en una trampa de costes fijos para las mujeres.

IV.¿Es esto trata de personas?

Jurídicamente: no. La trata de personas según el § 232 StGB exige que alguien capte, traslade o aloje a una persona aprovechándose de una situación de necesidad o de desamparo para explotarla. Un Estado que delimita zonas prohibidas no hace eso. Esa acusación no la formulo.

Pero sí se puede plantear otra pregunta: ¿a quién beneficia que mujeres con alquileres diarios elevados caigan en la dependencia? ¿Quién encuentra a sus víctimas con más facilidad entre mujeres que, antes del primer cliente, ya deben 200 euros, día tras día? El modelo de negocio de la explotación vive precisamente de esa situación de necesidad. Y el Estado no la inventó, pero la ha vaciado en hormigón.

Una regulación que pretende proteger a las mujeres y al hacerlo las empuja a la dependencia ya no es protección. Es complicidad bienintencionada.

V.El encaje jurídico: lo que dice la Ley Fundamental

No soy jurista, y esto no es asesoramiento jurídico. Pero la Ley Fundamental alemana (Grundgesetz, GG) no se escribió para los juristas, sino para todos. Así que leámosla.

Artículo 12, apartado 1 GG: «Todos los alemanes tienen derecho a elegir libremente su profesión, su lugar de trabajo y su centro de formación. El ejercicio de la profesión podrá ser regulado por ley o en virtud de una ley».

Que el trabajo sexual es una profesión en el sentido de este artículo está hoy ampliamente reconocido. Ya en el año 2000 el Tribunal Administrativo de Berlín (VG Berlin) declaró que la prostitución, ejercida libremente y sin coacción, ya no es contraria a las buenas costumbres según los valores actuales. La Ley de Prostitución de 2002 y la Ley de Protección de las Personas que Ejercen la Prostitución de 2017 (Prostituiertenschutzgesetz, ProstSchG), que exige un registro, un asesoramiento sanitario y una licencia para los establecimientos, parten precisamente de eso: solo se regula lo que se reconoce como profesión.

Hasta dónde puede intervenir el Estado en una profesión lo regula desde 1958 la llamada teoría de los tres niveles del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfG; sentencia de las farmacias, 1 BvR 596/56):

  1. Las normas sobre cómo se ejerce una profesión (ejercicio profesional) son admisibles con que las respalden razones sensatas de interés general.
  2. Las barreras de acceso subjetivas, es decir, requisitos que la propia persona puede cumplir (exámenes, cualificaciones), necesitan la protección de un bien común importante.
  3. Las barreras de acceso objetivas, es decir, obstáculos sobre los que la persona no tiene ninguna influencia, solo se permiten para evitar peligros graves, demostrables o sumamente probables, para un bien común de importancia primordial.

Una zona prohibida se considera clásicamente una norma del primer nivel: no prohíbe la profesión, solo dice dónde. Por eso los tribunales han venido avalando las zonas prohibidas.

Mi lectura: ese encaje solo se sostiene mientras los lugares permitidos hagan posible un ejercicio libre de verdad. El Tribunal Constitucional Federal, en materia de derechos fundamentales, no mira solo la forma de una injerencia, sino su efecto. Si una norma sobre el lugar hace que una mujer, en una ciudad de más de un millón de habitantes, solo pueda ejercer su profesión en condiciones que no le dejan margen económico propio, la norma actúa como una barrera de acceso objetiva. Y entonces el «decoro público» ya no basta como justificación. El decoro es un sentimiento honorable. Un bien común de importancia primordial que evita peligros graves no lo es.

A eso se suma el artículo 1 GG, la dignidad humana. El Estado la invoca gustoso cuando restringe el trabajo sexual. El Tribunal Administrativo Federal (BVerwG) llegó a prohibir en 1981 los peep shows porque vulneraban la dignidad de las mujeres, aunque estas actuaran voluntariamente. Se puede discutir. Pero si la dignidad es la medida, tiene que valer también para la mujer que hoy sigue trabajando: su dignidad no la vulnera la profesión que ha elegido. Su dignidad la vulnera un orden en el que tiene que atender a cuatro hombres antes de que su día le pertenezca.

Un Estado que quiere proteger la dignidad debería permitir a las mujeres trabajar de forma autodeterminada: en locales propios, a precios propios, con límites propios. No empujarlas a las afueras y luego sorprenderse de quién las espera allí.

VI.¿Y yo?

Todo esto me afecta menos, y lo digo abiertamente. Yo no ofrezco sexo. Ni coito ni sexo oral. Trabajo en un estudio cuyo espacio reservo para cada sesión, y fijo mi precio yo misma. Me puedo permitir decir que no.

Precisamente por eso escribo este texto. Porque la autodeterminación no debería ser un privilegio de una dominatrix, sino lo mínimo que una sociedad le debe a toda mujer que trabaja con su cuerpo.

En la próxima parte explico por qué un hombre que va a ver a una dominatrix ha aprendido algo que a más de un cliente de prostitución le falta. Tiene que ver con el respeto. Y sorprendentemente poco con el dolor.


Notas jurídicas: este texto recoge una opinión personal y un encaje constitucional general, no asesoramiento jurídico. Fuentes: art. 1, art. 12 GG; art. 297 EGStGB; § 120 OWiG; § 184f, § 232 StGB; Ley de Prostitución (ProstG) 2002; Ley de Protección de las Personas que Ejercen la Prostitución (ProstSchG) 2017, §§ 3, 10, 12; BVerfG, sentencia de 11.06.1958, 1 BvR 596/56 (sentencia de las farmacias); VG Berlin, sentencia de 01.12.2000, 35 A 570.99; BVerwG, sentencia de 15.12.1981, 1 C 232.79 (peep show). El alquiler diario de unos 200 € se basa en lo que cuentan compañeras, no en una estadística oficial.

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